BÁÑEZ QUIERE DERIVAR PACIENTES A LAS MUTUAS PARA ALIGERAR EL SISTEMA DE SALUD
La
nueva ley de Mutuas en la que trabaja el Gobierno no gusta en
absoluto a los médicos de atención primaria.Los profesionales
han levantado ya su voz porque el anteproyecto (en fase de consultas) amplía
las competencias de estas entidades privadas asociadas a los empresarios para
que estas puedan proponer el alta médica a los trabajadores desde el primer día
de baja laboral por enfermedad común. Pero el desagrado de los médicos con el
nuevo proyecto legal no termina aquí: los facultativos han expresado su
preocupación porque el texto también da potestad a las comunidades autónomas
para suscribir convenios con las mutuas.
La idea de Empleo es que los "recursos ociosos" que actualmente tienen las mutuas -hasta un 35% inutilizados debido, entre otras cuestiones, a la reducción de las bajas laborales de la última década- puedan atender a pacientes "a un coste razonable", tal y como señala el Gobierno en el programa de Reformas 2014 enviado a Bruselas el pasado 30 de abril. De esta manera, señalan desde el ministerio que dirige Báñez, se aligeraría la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la vez que supondría una ahorro, según se detalla en el citado programa de reformas, de 305 millones de euros.
El Foro de Atención Primaria, que aglutina entre otros a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia (SEMG), la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), alerta sin embargo del "perjuicio que esto puede ocasionar al SNS", señala Francisco José Sáez, coordinador de incapacidad temporal de este foro. ¿Por qué? Según Sáez, porque se corre el riesgo grave de que las mutuas sobre todo se hagan cargo, principalmente, de los pacientes trabajadores, a los que agilizarán todo lo preciso las pruebas diagnósticas y las rehabilitaciones que precisen para que, más pronto que tarde, el trabajador sea dado de alta. "Mientras tanto, un jubilado deberá aguardar su turno en el sistema sanitario público. Eso rompería el principio de equidad en el que se basa nuestro sistema. Tú esperas el tiempo que sea preciso independientemente de tus años, si trabajas o no o cualquier otra condición (salvo la gravedad de tu estado de salud)".
Desde Empleo se insiste en que la ley de Mutuas no está cerrada, "se sigue trabajando porque es muy compleja", pero recuerdan que la decisión del contenido de esos convenios de colaboración con las mutuas dependerá de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias. Donde tampoco se ven con buenos ojos estos convenios es en el sector privado sanitario. En un comunicado, la Federación de Clínicas Privadas critica que el Gobierno se plantee utilizar a las mutuas "como una prolongación de la sanidad pública" y que puedan contratar asistencia con las aseguradoras.
La patronal rechaza la posibilidad de que la Seguridad Social pueda encomendar a las mutuas pruebas o tratamientos sin que se lleven a concurso, ya que esto pondría en una situación de desventaja a las clínicas. "No se haría en condiciones de igualdad por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando, las mutuas", señala.
La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que preocupa a las clínicas. También la previsión de que las mutuas puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras.
La idea de Empleo es que los "recursos ociosos" que actualmente tienen las mutuas -hasta un 35% inutilizados debido, entre otras cuestiones, a la reducción de las bajas laborales de la última década- puedan atender a pacientes "a un coste razonable", tal y como señala el Gobierno en el programa de Reformas 2014 enviado a Bruselas el pasado 30 de abril. De esta manera, señalan desde el ministerio que dirige Báñez, se aligeraría la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS), a la vez que supondría una ahorro, según se detalla en el citado programa de reformas, de 305 millones de euros.
El Foro de Atención Primaria, que aglutina entre otros a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia (SEMG), la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), alerta sin embargo del "perjuicio que esto puede ocasionar al SNS", señala Francisco José Sáez, coordinador de incapacidad temporal de este foro. ¿Por qué? Según Sáez, porque se corre el riesgo grave de que las mutuas sobre todo se hagan cargo, principalmente, de los pacientes trabajadores, a los que agilizarán todo lo preciso las pruebas diagnósticas y las rehabilitaciones que precisen para que, más pronto que tarde, el trabajador sea dado de alta. "Mientras tanto, un jubilado deberá aguardar su turno en el sistema sanitario público. Eso rompería el principio de equidad en el que se basa nuestro sistema. Tú esperas el tiempo que sea preciso independientemente de tus años, si trabajas o no o cualquier otra condición (salvo la gravedad de tu estado de salud)".
Desde Empleo se insiste en que la ley de Mutuas no está cerrada, "se sigue trabajando porque es muy compleja", pero recuerdan que la decisión del contenido de esos convenios de colaboración con las mutuas dependerá de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sanitarias. Donde tampoco se ven con buenos ojos estos convenios es en el sector privado sanitario. En un comunicado, la Federación de Clínicas Privadas critica que el Gobierno se plantee utilizar a las mutuas "como una prolongación de la sanidad pública" y que puedan contratar asistencia con las aseguradoras.
La patronal rechaza la posibilidad de que la Seguridad Social pueda encomendar a las mutuas pruebas o tratamientos sin que se lleven a concurso, ya que esto pondría en una situación de desventaja a las clínicas. "No se haría en condiciones de igualdad por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando, las mutuas", señala.
La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que preocupa a las clínicas. También la previsión de que las mutuas puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras.
Fuente: www.lavanguardia.com
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