COMO DESCUBRE HACIENDA EL FRAUDE TRIBUTARIO

Uno de cada cuatro euros se encuentra desaparecido en nuestro país. Porque no se declara, o porque no se tributa, o porque se obtiene con prácticas que no son precisamente legal ni moralmente aceptables. Pero, si todos los estudios coinciden en que esta 'realidad' es así, ¿por qué no es posible actuar contra ella? «Porque no dejan de ser modelos que suponen la aproximación a una realidad», explica Jordi Sardá, profesor titular de Economía en la Universitat Rovira i Virgili y autor del último informe «La economía sumergida pasa factura», en el que señala que más de un 24% de la economía española se encuentra sumergida. «Esta cifra ha ido aumentado con el paso de los años, sobre todo por la crisis, y tiene todo el sentido del mundo, porque con la tasa de paro actual sería imposible que no se registrase un conflicto social», destaca Sardá.

El profesor Jordi Sardá explica que, a la hora de realizar estos estudios,«lo normal es utilizar los modelos monetarios». Es decir, se toma una variable como la masa monetaria en circulación (el efectivo), y se compara con otras, como la presión fiscal. Hacienda también tiene en cuenta ese consumo de los contribuyentes para captar a los defraudadores.

Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, su secretario general, José María Mollinedo, aclara que el fisco se vale de las discrepancias entre ese consumo y lo que se declara a la Agencia Tributaria como fórmula para encontrar fraude «cada vez con mayor frecuencia».

Las discrepancias surgen porque «los cruces informáticos de datos son ya el núcleo de selección de posibles defraudadores», indica Mollinedo.No sólo las empresas o los bancos están obligados a informar a Hacienda sobre sus rentas. También lo hacen los notarios (sucesiones, compraventas, divorcios), las compañías eléctricas (facturas de la luz), los ayuntamientos (licencias de obras), Tráfico (matriculaciones de vehículos de alta gama), Puertos (amarres contratados), inquilinos de viviendas... «Aquí se obtiene cada vez más información», explica el secretario de Gestha.

Fuente: http://www.abc.es 

UN ESTUDIO ASEGURA QUE EL MALESTAR Y LA INSUMISIÓN CRECEN EN CATALUNTA

El descontento, la indignación, la insumisión ciudadana, la desafección hacia la política y los movimientos sociales de protesta siguieron creciendo durante el 2013 en Catalunya, según el Anuario de la Asociación Catalana de Sociología elaborado por elInstitut d'Estudis Catalans (IEC).

El anuario sociológico del año 2013 se adentra en el análisis de los movimientos sociales como reacción a la situación económica y política actual e incluye artículos de Ada Colau, Ivan Miró, Joan Cortinas, Bienve Moya, José M. Roselló y Dominique Sistach.

Cambio de época

En la introducción del anuario, el sociólogo Jordi Estivill, que ha coordinado la publicación, explica que desde 2012 no solo se ha iniciado una época de cambios sino "un cambio de época". El sociólogo destaca "la distancia creciente entre ciudadanos y políticos, la extensión de la corrupción" y la progresiva "desafección de los catalanes que se ha ido traduciendo en una afirmación bastante masiva en favor del derecho a decidir y de una potencial independencia".

También resalta el número creciente de personas y movimientos que comparten la insumisión civil, fiscal, social y cultural. Todo ello son, para Estivill, "signos comprobables de unos cambios en profundidad".

El anuario, que cada año publica la Asociación Catalana de Sociología (ACS), filial del IEC, para reflexionar sobre la realidad social y política de Catalunya, analiza los movimientos sociales surgidos en los últimos años a través de reflexiones de diferentes autores. Algunos de ellos estánimplicados activamente en los movimientos, las manifestaciones y las problemáticas que analizan.

Fuente: www.elperiodico.com

LAS ELÉCTRICAS PENALIZARÁN AL CLIENTE QUE RESCINDA SU CONTRATACIÓN LABORAL

El nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad que ha diseñado el Gobierno ligará la evolución de la tarifa al comportamiento diario del mercado mayorista en vez de -como sucedía hasta ahora- al resultado de una subasta trimestral en la que se negociaban contratos de futuros. Pero para quien no quiera estar al albur del mercado diario, que podría estar sometido a una gran volatilidad, se introduce la posibilidad de contratar la electricidad a un precio fijo para todo un año.

Según el borrador del decreto ley con el que trabaja el Gobierno, las empresas comercializadoras de electricidad -Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon, EDP e Hidrocantábrico, entre otras- estarán obligadas a realizar ofertas con un precio fijo cerrado a sus clientes. Estas ofertas deberán remitirse a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) que comprobará la adecuación de sus condiciones a lo previsto en la ley y publicará las propuestas de todas las comercializadoras en su web.

Ante la eventualidad de que haya clientes que quieran darse de baja de este sistema y pasar a depender del mercado diario de la electricidad, se contempla la rescisión anticipada del contrato, como ocurre con las operadoras de telecomunicaciones. No será gratis, aunque la ley obligará a que las eléctricas informen claramente al cliente antes de darle de alta del coste de penalización si se va antes de tiempo y queda fijado que "no podrá exceder al 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro", dice el borrador de la ley. Con esta medida, el Gobierno blinda a las comercializadoras, que suelen comprar la mayoría de la electricidad a plazo.

El decreto ley introduce mucha más incertidumbre sobre un servicio básico -e importante, en muchos casos- del gasto de las familias. El Gobierno evitará a partir de ahora la contestación social por las reiteradas subidas trimestrales de la luz, pero ni las eléctricas ni los consumidores saben a día de hoy cómo les afectará el cambio de modelo que prepara el Ejecutivo. Y esto, por dos motivos: la inestabilidad del mercado mayorista y su próxima reforma por parte del Ejecutivo.

El primer factor es clave. El precio depende del viento que haga, de si llueve o ha llovido mucho últimamente, del sol, de los parones técnicos de las nucleares y, también, de la evolución de la demanda. Es imposible predecir su comportamiento a lo largo de un día o dentro de una jornada (para aquellos que tengan los contadores más modernos, con discriminación horaria). Por eso, la reforma nonata no gusta a los consumidores. "Se trata de un sistema aberrante porque el consumidor no sabrá cuánto le cuesta la luz a la hora de consumir: es una barbaridad, un atentado a los derechos de los consumidores", dijo ayer Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. Sánchez aseguró que, además, el precio mayorista diario "es el más caro porque está hinchado artificialmente". A las eléctricas, que abogan por la liberalización total, tampoco les gusta el cambio. "Lo lógico es que las comercializadoras ofrecieran precios a los consumidores libremente", dijeron ayer desde una de las grandes del sector.

Esto no va a pasar. En cambio -y aquí entra en juego el segundo factor de incertidumbre-, lo que sí es seguro es que el Gobierno abordará próximamente la reforma del mercado mayorista, con lo que el pilar sobre el que se apoya el decreto ley que quiere aprobarse ahora está pendiente, a su vez, de una completa reformulación. El sistema actual de fijación de precios da prioridad a las renovables, las nucleares y las hidráulicas, por este orden, para luego tirar de las térmicas y los ciclos combinados, en función de la demanda. Y, tal como está establecido, todas las instalaciones cobran el precio de la última tecnología en entrar.

"El mercado diario no es real porque las renovables lo desvirtúan", dice una de las eléctricas. Por eso, consideran que no puede ser la referencia para fijar los precios. Desde otra de las compañías afectadas denuncian que el cambio "nos conduce a un terreno desconocido, porque el mercado mayorista va a cambiar y podrían entrar las renovables a un precio determinado (ahora ofertan a coste cero) o podría haber un coste fijo para la nuclear o la hidráulica. Nadie lo sabe".

Fuente: www.lavanguardia.com

LA MITAD DE LAS EMPRESAS NO ESTÁN PREPARADAS PARA EL CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS

La zona única de pagos en euros (SEPA), que cambia, entró en vigor el pasado 1 de febrero. Sin embargo, las autoridades comunitarias se han visto obligadas a conceder a última hora una prórroga de seis meses para completar la transición entre uno y otro sistema. El motivo es que la sociedad no se ha preparado para ello. El 34% de las empresas europeas no han tomado las medidas necesarias, porcentaje que en España se incrementa hasta el 47%, casi la mitad de las compañías, según un estudio elaborado por la plataforma tecnológica de cambio de divisas Kantox.

El cambio más básico que supone la SEPA, y que todas esas empresas no han abordado, es pedir a sus proveedores su código IBAN para poder realizar los pagos. Esto implica que, de entrar en vigor de forma definitiva ahora, este mes ya no podrían realizar esos pagos en las cuentas de esos proveedores a tiempo. Y en el caso de que las cuentas que no se hayan actualizado sean las de los empleados, estas rechazarían el ingreso de sus nóminas. Del mismo modo, aquellas empresas que no han facilitado su nuevo código a otras que se lo hayan reclamado, no cobrarán, lo que supone un riesgo de tesorería de empresa, pues su liquidez se vería reducida.

La implantación de la SEPA permitirá a ciudadanos y empresas operar en los 28 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza con una única cuenta. Para hacerlo posible, se ha cambiado ese antiguo código CCC de todas las cuentas por el nuevo indentificador IBAN. Sin él, las empresas no podrán pagar la nómina a sus trabajadores, las compañías de luz o teléfono domiciliar los recibos a sus clientes y los colegios y las comunidades de vecinos no percibirán las cuotas de propietarios e inquilinos.

Los bancos centrales nacionales ya venían advirtiendo de la lentitud en la implantación del sistema y de los riesgos que existían de un posible colapso financiero. El 70,4% de las transferencias bancarias que se hacen a día de hoy en España ya son compatibles con el estándar europeo, pero sólo 4,40% de las domiciliaciones bancarias o adeudos se hacen bajo el código IBAN, por debajo de la media europea, que es del 26%, según los últimos datos del Banco Central Europeo (BCE), correspondientes a noviembre de 2013.

Ante esa situación, la Comisión Europea propuso a principios de este mes conceder una prórroga de seis meses, hasta el próximo mes de agosto, para la implantación definitiva, de forma que en ese tiempo el circuito bancario siga aceptando la numeración nacional de las cuentas corrientes.

Fuente: http://www.abc.es/economia